El nuevo/a lenguaje/a jurídico/a

Todos sabemos que esto de la corrección política en el lenguaje hace estragos últimamente. Por partida doble: "hace estragos" en el sentido de que "hace furor", que "está muy de moda", pero también hace estragos literalmente, cargándose a conciencia las normas gramaticales más elementales.

Pero, por si eso fuera poco, hay un campo concreto en el que el riesgo de que lo políticamente correcto acabe armando un lío ("haciendo estragos", vamos). Me refiero a la redacción de normas jurídicas.

Redactar una ley o un reglamento no es ya de por sí nada sencillo, como para que encima tenga que tenerse en cuenta la extremada sensibilidad de quienes no pueden ver una palabra genérica correctamente escrita, o aquellos cuya delicada piel sufre un ataque de sarpullidos ante la espeluznante visión de términos como "disminuídos" (con perdón). Y es que el problema de adecuar el lenguaje de las leyes a los gustos de esos neovictorianos que se ruborizan al leer ciertas palabras no es sólo que un texto jurídico puede pasar de ser un tocho a convertirse en un tocho cursi, no. El problema es que las normas deben ser redactadas en un lenguaje claro e inequívoco, y a veces la corrección política las convierte en algo que en el mejor de los casos es un galimatías, y en el peor una norma ambigua o imprecisa.

Por ejemplo, esta redacción

"El mandato de las personas miembros del Consejo, incluidas la que ocupa la Presidencia y la que ocupa la Secretaría Ejecutiva, es de cuatro años, renovable por períodos de igual duración, el cual empieza a computar al día siguiente de la publicación del nombramiento correspondiente en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el caso de las personas que ocupan la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva, su mandato no puede ser renovado más de tres veces consecutivas. Las personas miembros del Consejo, incluida la que ocupa la Presidencia, deben continuar en el ejercicio de sus funciones hasta la toma de posesión de las personas miembros del nuevo Consejo."

No pasa de ser simplemente cursi. Bueno, también es un poco cargante, pero al menos hay que reconocer que el empleo de "las personas miembros del Consejo" o "las personas que ocupan la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva" resulta mucho menos lioso que este otro ejemplo:

"En los supuestos de previsible ausencia prolongada de uno de los vocales o una de las vocales, a consecuencia de suspensión acordada de conformidad con el apartado anterior o por alguna de las causas establecidas legalmente, se procederá al nombramiento de un suplente o una suplente que desempeñará sus funciones por el tiempo que dure aquella. La formalización del nombramiento y cese del suplente o la suplente se realizará conforme a lo previsto en los artículos 7.2 y 8.3. El tiempo que dure la suplencia se imputará al período de mandato de la vocal o el vocal suplido."

Que ya empieza a resultar mareante. Pero al menos no es tan preocupante como esto:

"Al cesar la convivencia, los miembros de la pareja, en caso de que tengan hijos o hijas comunes, pueden pactar cual de los dos tiene la guarda y custodia, así como el régimen de visitas del miembro de la pareja que no tenga la guarda. A falta de acuerdo, el juez o jueza, decide en beneficio de los hijos o las hijas, oyéndoles previamente si tienen suficiente conocimiento o doce años o más."

Que ya empieza a plantear alguna incógnita. Porque, vamos a ver, ¿esto se aplica sólo si la pareja tiene hijos o hijas comunes, o también si tienen hijos e hijas. Y, en este caso, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta el juez (vale, o jueza) para decidir? ¿Debe escoger entre el beneficio de los hijos y el de las hijas? ¿Tiene que decidir en beneficio de los hijos o las hijas así, por separado? ¿O no será más correcto que tome su decisión procurando el beneficio de todos los hijos, sean del sexo que sean?

En fin, que en su afán por no herir las sensibilidades tan, ejem, sensibles que gastamos ahora, los legisladores nos están obsequiando con unos galimatías jurídicos que, a este paso, van a resultar perfectamente inútiles o contraproducentes. Como puede pasar con el artículo 160 del Código Civil. En su afán por integrar el matrimonio de personas del mismo sexo y, además, hacerlo del modo más "políticamente correcto" posible, los legisladores cambiaron esta redacción

"El padre y la madre, aunque no ejerzan la patria potestad, tienen el derecho de relacionarse con sus hijos menores, excepto con los adoptados por otro o conforme a lo dispuesto en resolución judicial."

por esta otra

"Los progenitores, aunque no ejerzan la patria potestad, tienen el derecho de relacionarse con sus hijos menores, excepto con los adoptados por otro o conforme a lo dispuesto en resolución judicial."

¿Captan la diferencia? La redacción original pretendía que los padres pudieran relacionarse con sus hijos aunque no gozaran del ejercicio de la patria potestad. Todos los padres, sean biológicos o adoptivos (y con independencia de su sexo). En cambio ahora, y siguiendo la norma al pie de la letra, sólo tienen este derecho los padres biológicos; a los adoptivos que les den morcilla, puesto que nos pongamos como pongamos, "progenitores" son sólo los biológicos.

En definitiva, que con este panorama casi es de agradecer la interesante iniciativa de esos maestros del Derecho, esos pioneros de la modernización -no exenta de rigor- del Ordenamiento Jurídico con los que la Divina Providencia, que a veces gasta estas bromas, ha obsequiado a mi pueblo. Porque no se puede calificar de otra manera a las mentes supuestamente pensantes que (por primera vez en el mundo mundial, al menos hasta donde yo sé) han introducido en una norma jurídica uno de esos neologismos bienpensantes, políticamente correctos y adecuadamente cursis para los tiempos en que vivimos, y que al mismo tiempo resulta claro, conciso e inequívoco. Un texto del que ya hablaremos, si es que conseguimos encontrar por dónde cogerlo. Pero del cual les brindo esta maravillosa muestra de cómo combinar la modernidad con la precisión terminológica:

"En ausencia de propietario identificado se considerará al/ a la propietari@ del inmueble como responsable del animal."

¡Ahí queda es@!